Open Government y transparencia política

Posted on 15 junio, 2011 por

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Hace exactamente un mes que los indignados del 15M salieron a las calles. Entre la marisma de quejas, reivindicaciones y propuestas que han caracterizado al movimiento tres destacaban sobre las demás: la reforma de la Ley Electoral, la necesidad de una democracia más participativa y la petición de transparencia política y bancaria. Estos ejes centrales de las protestas podrían encontrar soluciones en nuevos sistemas de administración.

Algo que se ha achacado al movimiento de los indignados es su falta de concreción, pero mientras que desde las distintas acampadas se lanzaban ideas generales, algunos llevan años trabajando en proyectos concretos que podrían dar solución a algunos de los problemas que, según los manifestantes, arrastra el sistema democrático español.

Una de las ideas más extendidas sobre nuevas formas de gestionar la administración pública es el conocido como Open Government. Javier Llinares define el O-gov como la forma de relacionarse entrela Administración Pública y los ciudadanos, que se caracteriza por el establecimiento de canales de comunicación y contacto directo entre ellos.

Es un sistema fundamental para impulsar la participación constante de los ciudadanos, mediante su implicación en las discusiones, en la toma de decisiones y en la aportación de sugerencias. El Open Goverment se vale de otros planteamientos como el Open Data,  la participación ciudadana y del e-government.

El Open Data significa que las personas puedan acceder a la información que poseen las instituciones públicas, preferiblemente a través de Internet. Está estrechamente ligado a la transparencia democrática, ya que la transparencia es poner a disposición de la sociedad información sistematizada y clasificada de las organizaciones del Estado al escrutinio público con el único límite de la protección y privacidad de los datos. El Open Data también implica que los datos estén a la disposición de todos de una forma comprensible, organizada, estructurada y reutilizable. Con la transparencia política se consigue la implicación de los ciudadanos en la gestión de las instituciones públicas y se evita tanto la corrupción como las especulaciones sobre ésta. Así lo señala Carlos Guadián Orta, director de Comunicación e Innovación en Autoritas: “En el momento que la apertura de datos toma protagonismo en una administración pública puede mejorar mucho el compromiso que la ciudadanía tiene con un proyecto común, como es la gestión de los recursos públicos”. Ejemplos de este tipo de políticas son OpenData Euskadi y OpenData Navarra.

Otro aspecto esencial es la democracia participativa. Las administraciones deben establecer cauces de diálogo bidireccional con los ciudadanos, escuchando las aportaciones y teniendo en cuenta su opinión en la toma de decisiones. En este apartado el papel de las redes sociales, los foros, los blogs, las plataformas de vídeo, las comunidades y otros recursos Web puede ser clave y su buena utilización puede agilizar la participación. Parece que la labor de las administraciones españoles sigue un buen camino. Según el estudio de Naciones Unidas sobre e-government 2010, España es el séptimo país en cuanto a desarrollo de e-government y el cuarto en cuanto a e-participation.

En este sentido, hay que reseñar el tercer componente del O-gov: el e-government. Consiste en el uso de las tecnologías en las prestaciones de servicios al ciudadano, a las empresas o a otras instituciones. Según Iñaki Ortiz las administraciones open deberían utilizar y promover las herramientas Web 2.0 y el software libre e invitar al ciudadano a la generación de contenidos. También se le exige a la administración la labor de innovar constantemente. A este respecto, en España han surgido proyectos interesantes como el Desafío Abredatos.

Otros rasgos definitorios del O-Gov son anteponer el interés general al de ciertos grupos de presión, facilitar el crecimiento personal y profesional de los funcionarios y fomentar la colaboración entre distintos órganos administrativos. Open Government no se puede definir como uno sólo de todos estos elementos, sino que es un sistema creado a través de la combinación de todos ellos.

Así, el Gobierno Abierto podría dar respuesta a las quejas de los indignados antes mencionadas. La reforma dela Leyelectoral podría ser acometida mediante la iniciativa legislativa, la transparencia política y bancaria estaría garantizada mediante Open Data y la democracia participativa se vería enriquecida por la creación de espacios de debate y colaboración ciudadana con la administración.

Los beneficios no son sólo para los indignados, sino para todos los ciudadanos y para la administración. Por un parte, los primeros participarían en las decisiones democráticas, confiarían más en el sector público gracias a la transparencia y se sentirían oídos. También obtendrían facilidades para acceder a los servicios de las administraciones. Por otra parte, también supone beneficio para la administración que obtiene la colaboración de los ciudadanos y entabla conversaciones con ellos. Facilita la prestación de servicios o simplifica los trámites y, además, la transparencia comunicativa mejora la imagen social de las instituciones. El Open Government puede aumentar la eficacia en la administración pública y, por tanto, su competitividad, legitimando sus acciones.

Ambos elementos sociales son beneficiados por este tipo de gestión, pero la implantación del Open Government también puede suponer algunas dificultades. La inversión en innovación tecnológica y en formación del funcionariado puede ser un gasto imposible de acometer por muchas administraciones en la actualidad. La implantación de nuevos procesos puede ser un escollo insalvable para muchos ciudadanos y trabajadores públicos que no usuarios de las tecnologías de la comunicación y la información. Otro inconveniente es el que señala Carlos Guadián respecto a la transparencia: “Se pueden dar procesos de apertura en las administraciones públicas, pero si no se dan también dentro de las organizaciones políticas la opacidad en su actividad seguirá existiendo”.

Pero el salto más importante es el cambio cultural que debe producirse para aceptar este tipo de sistema. Los ciudadanos deben abandonar la comodidad del laissez-faire y la administración debe aceptar que su principal función es servir al ciudadano. Lo más complicado es superar las viejas costumbres organizativas y los temores y fobias. Como afirma Guadián: “Las TIC ofrecen herramientas que la pueden facilitar, pero esta no se producirá si no hay un cambio de actitud por parte de ambos”. Por ello, cabe preguntarse: ¿están la sociedad española y las administraciones preparados para el Open Government?

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